*Legisladoras sudcalifornianas adecuan las normas correspondientes para BCS
Por Cecilia 8a
La Paz. – Luego que el último 17 de enero las reformas de la “Ley 3 de 3 contra la violencia” fueran validadas en Yucatán, las diputadas locales María Luisa Ojeda González del PRD, Teresita de Jesús Valentín de Morena, así como Gabriela Cisneros del PRI prepararon un equipo de trabajo que permita adecuar las normas de esa legislatura a una realidad más relevante en Baja California Sur.
La denominada ‘’Ley 3 de 3 contra la violencia” busca crear un marco jurídico que permita erradicar la violencia contra las mujeres, es decir, evitar que los agresores y deudores alimentarios ocupen un cargo de toma de decisiones, que no accedan a ninguna función pública o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
La diputada local por el PRD María Luisa Ojeda González se pronunció para que sin colores y siglas partidistas trabajen en equipo por la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
“Me pronuncio porque se dignifiquen los espacios públicos de poder y de toma de decisiones. No podemos ni debemos permitir que representen a la ciudadanía quienes son transgresores de la ley; quienes incumplen con sus responsabilidades familiares y son generadores de violencia, ¡basta ya!, ¡no más agresores en el poder!”, afirmó.
Por su parte las diputadas Teresita de Jesús Valentín y Gabriela Cisneros presentaron su iniciativa que pone como requisito de elegibilidad, el no ser deudora o deudor alimentario moroso, lo cual es congruente con el interés superior del niño, que es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4° constitucional, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos.
La mesa directiva del actual período permanente se sumó a la iniciativa de las legisladoras, y plantea reformar la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Ley de la Comisión Estatal de derechos Humanos, la Ley del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Electoral y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el fin de establecer estos lineamientos como requisitos de elegibilidad, idoneidad y probidad para quienes quieran ocupar un cargo de toma de decisiones como diputados (as), gobernador (a), magistradas (os), consejeros (as) electorales, procurador (a) de Justicia, entre otros. Para finalizar, las diputadas agregaron que la idea es que esto no quede sólo como un acuerdo, sino que se legisle para que sea vinculante y se fortalezca el objetivo de su creación y permita su aplicación antes del próximo proceso electoral.