Carlos G. Ibarra
A días del cierre del proceso de consulta pública, habitantes de la municipalidad exigieron al XI Ayuntamiento de Loreto extender el periodo a 120 días para convocar al mayor número de loretanos a participar en la actualización del Plan Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Loreto Nopolo – Notri – Puerto Escondido – Ligui.
Más 50 personas han alzado la voz porque consideraron que hubo poca promoción, por parte de la administración pasada de Paola Margarita Cota Davis, incumpliendo con la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur y con la máxima difusión vulnerando su derecho humano a la participación social.
“En virtud de ello, no llevó a cabo el desarrollo del Instrumento como lo establece la normativa afectando nuestro derecho humano a la participación social y el genuino interés en relación a los asuntos de orden público en nuestra comunidad como lo es el que representa el instrumento que regirá el desarrollo urbano de nuestro territorio y que tendrá impacto en las esferas de nuestra vida comunitaria, social, personal, económica y ambiental”, se lee en el documento.
Activistas como Cecilia Fischer han manifestado su preocupación con el documento de planeación porque privilegia e incentiva megaproyectos inmobiliarios, ignorando la falta de alcantarillado y agua potable en la periferia de la ciudad.
Lo anterior se agrava porque en Loreto no existe una planta de tratamiento en óptimas condiciones, que generó un tiradero de aguas negras. Además, les inquieta la crisis hídrica de los pozos que alimentan a una urbe con más de 22 mil ciudadanos.
En el oficio, revelaron que la XI Ayuntamiento de Loreto, presidido por Paz Ochoa Amador, negoció formar una ‘Comisión Especial’ con consultores técnicos del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), dependencia cuya única misión ha sido la de vender propiedades con alto valor inmobiliario.
“Nos enteramos que XI Ayuntamiento vía Paz Ochoa y Lic Dario Davis se acordó en Julio 2024 hacer una “Comisión Especial” con los consultores técnicos de FONATUR para realizar el proceso de consulta pública durante la actual administración (que inició a partir del 26 Septiembre del 2024) y se llevó a cabo la primera reunión el día 14 de Noviembre del 2024, en la que se inició con el conocimiento de la información que contiene”, explica la carta.
Fonatur fue la dependencia que la alcaldía de Cota Davis, casi al final de su mandato, consiguió el dinero para realizar los trabajos en la actualización del instrumento de desarrollo urbano.
En 2022, durante la estadía de Rogelio Jiménez Pons, el Órgano Interno de Control (OIC) de Fonatur descubrió irregularidades como extensiones para el pago de inmuebles sin hacer efectivos las garantías económicas contenidas en los contratos y accedió a recibir pagos en especie, aunque esto no está permitido por la normatividad.
Son 12 predios que aparecieron en la lista ubicados en La Paz, Litibú, Loreto, Ixtapa, Nopoló y Huatulco que aparecen como vendidos, pero todavía no terminaban de pagar en ese momento.