Ligia Romero Gutiérrez
Los Cabos.- El polígono de tierra conocido como Corral de Piedra, ubicado en Cabo San Lucas, no sólo presenta el problema de invasiones, sino también la omisión de la SEDATU y es que, a más de 2 años de que la FGR requirió información sobre los procedimientos de enajenación a favor de quien adquirió el bien nacional, esta dependencia federal no ha cumplido con la disposición de ley, significado de que obstruye la labor de la Fiscalía General de la República.
Hace días, la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en Baja California Sur, llevó a cabo la instalación de lonas en la zona antes mencionada, dejando en claro, que las más de mil 499 hectáreas que están siendo invadidas de manera premeditada, son propiedad de la nación, mismas que fueron adquiridas por un particular hace décadas; cabe hacer mención que las lonas no duraron ni 12 horas.
En el recorrido realizado por este medio informativo pudo apreciarse que los asentamientos están dispersos en las casi mil 500 hectáreas, además de letreros que ofertan lotes en Corral de Piedra o El Salto; hecho que calificó la SEDATU como irregular, así que alertó a la población a no dejarse engañar con la venta fraudulenta de tierras.
Melissa Villavicencio, representante de SEDATU dijo que las tierras señaladas, son bienes de la nación y están en proceso de enajenación, es decir, la autoridad está transmitiendo la tierra a un particular; mismo que entabló una demanda ante la FGR para que el proceso concluya conforme a la ley, además de señalarse la instalación de asentamientos irregulares.
Asimismo, y de acuerdo a un documento oficial y que hace en poder de este medio informativo, la FGR emitió una solicitud de información a SEDATU con fecha 9 de mayo del 2022, dirigido a Gabriel Juárez García, director general de litigio estratégico y cumplimiento normativo, para que diera información sobre el procedimiento de enajenación del polígono Corral de Piedra y hasta la fecha no ha respondido.
Dicho documento se encuentra en la carpeta de investigación FED/BCS/CSL/0000396/2020 y que establece, que el funcionario federal tenía 3 días hábiles para responder, sino se le impondría una multa, sin embargo a más de 2 años, no ha pasado nada.