*Vecinos indignados con MP por no acepta denuncia formal de testigos presenciales
Por Cecilia 8a
Los Cabos. – Noche de terror vivieron habitantes del fraccionamiento Lomas del Tule en Los Cabos, cuando un empleado de seguridad de la empresa de Seguridad Diamante, quien se encontraba de servicio en la citada residencial en el corredor turístico, de manera aun inexplicable enloqueció y empezó a agredir a los vecinos.
El sujeto arrojó bombas de fabricación casera, de las llamadas molotov, a varios de los vehículos que se encontraban estacionados, logrando quemar uno con pérdida total; así mismo, armado con una varilla agredió a vecinos de 2 diferentes condominios amenazándolos de muerte, quienes ya en alerta se comunicaron a los cuerpos de seguridad para que realizaran la detención ante el peligro que corrían.
Aún no se sabe si el sujeto estaba bajo los efectos de drogas o padece algún tipo de demencia, ya que en su ataque gritaba ‘’Viva la santa muerte, voy a matar a todos los que viven aquí’’.
Cabe destacar que al momento de la detención el sujeto presentaba una herida por arma de fuego, desconociéndose si fue por parte de un habitante del fraccionamiento o por parte de las autoridades.
El agresor fue trasladado al IMSS para su valoración médica y psiquiátrica quedando en custodia de las autoridades hasta el deslinde de responsabilidades.
Los vecinos intentaron presentar la debida denuncia por daños contra el sujeto, pero el Ministerio Público no la recibió alegando que había pasado mucho tiempo de los hechos hasta el momento que se presentaron en el MP, aunado al no resguardo de evidencias.
Ahora, los vecinos del fraccionamiento El Tule hacen un llamado al Procurador de Justicia Daniel de la Rosa Anaya, para que llame a cuentas a la empresa que lo contrató, pues debe responder por contratar a personas que no cumplen con los filtros de seguridad y confianza que dicta la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En contexto, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aprobar las licencias de operación a las empresas de seguridad privada, siempre y cuando cumplan con los requerimientos para brindar el servicio, o en el caso contrario revocar la licencia.