El planteamiento ante la magistrada Abigail Jiménez: la importancia de incrementar el presupuesto para mejorar la impartición de justicia y evitar la corrupción.
No es con salarios castigados y mínimas prestaciones como se cumplirán los retos y desafíos en el Poder Judicial de Baja California Sur y se logrará una mejor impartición de justicia. Por ello, una de las prioridades deberá ser mejorar los esquemas salariales a favor de aproximadamente 900 colaboradores, así lo expusieron los integrantes del Grupo Madrugadores de Los Cabos en su reunión semanal, donde tuvieron como invitada a la magistrada Abigail Jiménez Montalvo.
Jiménez Montalvo dio una amplia explicación de cómo está integrado el Poder Judicial, por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que está conformado por siete magistrados nombrados por una terna enviada por el Gobernador al Congreso, y por el Consejo de la Judicatura, integrado por cinco personas: el presidente del TSJE, un magistrado electo, un juez o jueza, un representante del poder ejecutivo y una persona del sector social.
El Tribunal resuelve las apelaciones de todos los asuntos que se ven a nivel de juzgado en materia civil, familiar, mercantil y penal, mientras que el pleno del Consejo de la Judicatura se encarga de la administración de todo el Poder Judicial del estado, del cual dependen todos los órganos administrativos.
La invitada del Grupo habló de los recientes nombramientos de nuevos magistrados, de las responsabilidades de cada uno de los órganos administrativos y respondió a cada una de las interrogantes de los integrantes del grupo de empresarios de Los Cabos.
El madrugador José Gutiérrez Sarmiento abordó el tema del presupuesto, estableciendo la importancia de incentivar económicamente a los profesionales del Poder Judicial para evitar muchas corrupciones, desvíos o compras de jueces.
“Muchas cosas sabemos que suceden o pueden suceder porque no están bien remunerados y se han preparado toda la vida para juzgar. ¿Por qué no luchar por esos derechos que sí los tienen, igual que los doctores? Todos deben ganar un sueldo decoroso y, de esa manera, se lograría un mejor trato y atención a los ciudadanos”, reiteró Gutiérrez Sarmiento.
La magistrada reconoció que el presupuesto del Poder Judicial en el estado de Baja California Sur siempre ha estado muy limitado, porque se da prioridad a otras cosas y apenas si se le destina un 2 o 2.5 por ciento del presupuesto estatal, además de que aquí no hay fideicomisos y se ejercen los fondos con transparencia.
“Nosotros no podemos excedernos en gastarnos en otros rubros el presupuesto porque es un delito; además, el recurso que se destina se tiene que cuidar para los insumos que se ocupan, desde hojas, cintas, papelería; el presupuesto autorizado no permite la posibilidad de mejoras salariales porque es muy limitado. Para cambiar la situación, se tendría que plantear al Gobernador o al Congreso”.
Los salarios, incluso para los ministros, no son acordes a la excesiva carga de trabajo, pero esto aplica para todos. Por ejemplo, los proyectistas de sentencia de las salas o jueces, los únicos aumentos que han tenido son mínimos y en ocasiones ni se les otorga. Además, no pueden trabajar en lo privado, solo en la docencia y, aún así, acaba de recibir una queja contra un funcionario porque le cuestionan el porqué da clases en horario laboral, un tema que habrá de resolver.
Este asunto, confió, es algo complejo, toda vez que si bien las horas hábiles dentro de las actuaciones judiciales son desde las 7 hasta las 19 horas, el horario laboral es de 8:30 a tres de la tarde, pero regularmente se quedan hasta las 4, 6 o 10 de la noche y no se pagan horas extras. “Se hace por amor al trabajo, para que nuestros asuntos avancen, por amor a la camiseta”.
Por eso resaltó la importancia de la carrera judicial, que se está promoviendo para incentivar al personal. Si bien hay muchas cosas mal, porque por supuesto que se quisiera tener más juzgados, tantas cosas, pero siempre el problema nos lleva a que no tenemos el presupuesto suficiente y si lo tuviéramos como el Poder Federal, “ya nos lo habrían quitado, porque ahora dicen que son excesos”, expuso la abogada.
También, a la pregunta sobre si es viable que se elija al Poder Judicial por el voto popular, dijo no estar de acuerdo porque es otra la misión del Poder Judicial. “¿Cómo decir me voy a ir a campaña, que voy a prometer, que no te voy a sancionar, o que a ti sí y a él no? Eso a mí me conflictúa mucho, no lo puedo imaginar”.
Jesús Alberto Alvarado Aragón destacó que el gobierno tiene un presupuesto limitado para los servidores públicos, pero no hay que olvidar que un servidor debe tener esa vocación de servir. Sin embargo, hay asociaciones civiles sin fines de lucro donde hay gente que se desvive por ayudar a otras terceras personas, muchas veces sin recibir nada a cambio.
También planteó cuál será el futuro de la digitalización de los procesos judiciales, ante lo cual la magistrada respondió que el futuro debe ser la digitalización y los asuntos en línea. Hay estados que tienen el esquema mixto y les ha funcionado muy bien. En el estado no es obligatorio, solamente cuando una de las partes lo solicite, pero reconoció que se debe avanzar más. Ya no es posible seguir con el archivo judicial que muy pronto ya no se tendrá lugar para tanto expediente y, por otra parte, la mayoría de los ciudadanos hacen uso de la tecnología.
Fernando Altamirano cuestionó que en México históricamente se ha tenido un nivel de impunidad, reiterando que del 99 por ciento de los delitos que se cometen, solo el 6 por ciento se denuncia y de los que se denuncian, el 14 por ciento llega a un castigo y, hablando en términos reales, solo el 1 por ciento de los delitos que se cometen llega a una sentencia.
Preguntó si con la reforma al sistema penal acusatorio se ha resuelto el problema de la impunidad en el país, ante lo cual la magistrada dijo que México era el único país a nivel latinoamericano que no tenía juicios orales. En 2016 se modificó la Constitución y se ordenó al país implementar la justicia oral en materia penal. Ha habido importantes avances a la fecha; sin embargo, a la sociedad no le gusta ir a denunciar.
Esto sucede, recalcó: “Porque a veces van y no les hacemos caso, porque a veces van y les pedimos requisitos innecesarios. Esto tenemos que depurarlo y estamos enfatizando mucho en la capacitación, sensibilización, en juzgar con perspectiva de género. Lo que sucedió cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el caso del Campo Algodonero nos condenó porque llegaban familiares de las mujeres desaparecidas o secuestradas y les decían, ‘espérate a mañana, se ha de haber ido con el novio, cómo iba vestida, por eso la violaron’; ese tipo de respuestas de las autoridades le duelen a la gente y nos han sentenciado a nivel internacional por eso”.
La capacitación debe ser obligatoria para todos los funcionarios y todas las autoridades. Tenemos la responsabilidad de trabajar para que cuando a una persona le cometan un delito y tenga la necesidad de ir al MP reciban una asesoría correcta, una defensa adecuada para poder tener un proceso correcto. Mientras no podamos lograr esos puntos tan básicos, seguirá siendo complicado que la gente denuncie, porque se enfadan, se cansan, económicamente nunca va a ser suficiente para poder pagar abogados y estar perdiendo las horas ante la autoridad.
“Tenemos muchas cosas que resolver entre ellas éstas y el insistirle también a las personas que hay otras formas de solucionar los conflictos a través de la mediación, conciliación y para eso necesitamos más conciliadores, más mediadores antes de llegar al MP e iniciar todo el proceso. Entonces, sí nos falta, pero estamos en el camino. Son 7 u 8 años con la implementación del sistema penal acusatorio. Si ha habido beneficios, pero culturalmente es muy complicado entender, por ejemplo, el principio de inocencia. Nadie es responsable hasta que un juez no te lo condene o te lo sentencie”.
Diego Sánchez Ortíz hizo alusión a que así como se eligen a los magistrados en una terna y se buscan los mejores perfiles, así debiera ser en los otros poderes, como el legislativo, empezando con los diputados y también con los regidores, porque se deben encontrar los mejores perfiles y de ser posible cambiar la manera de selección de los ediles en el municipio y el estado.
Esos cambios deberían pugnarse a través de los partidos políticos que, muchas veces por los acuerdos en coaliciones, lo último que revisan son los perfiles de los aspirantes a la planilla para Ayuntamiento, concluyó la invitada del Grupo Madrugadores de Los Cabos.